Costa Rica quiere el 15% de tus ingresos en el exterior. Esto es quién lo pagaría de verdad.

El 22 de setiembre de 2026, el Poder Ejecutivo presentó el expediente 25.796, Ley sobre el gravamen de rentas pasivas de fuente extranjera y eliminación de créditos fiscales por la emisión de valores de oferta pública temáticos. Aplicaría una tarifa general del 15% a cinco tipos de rentas que los residentes fiscales en Costa Rica obtienen fuera del país:

Alcanzaría a personas físicas, sociedades, fideicomisos, fondos de inversión y estructuras similares residentes en el país, incluso a quienes no realicen ninguna actividad lucrativa aquí. Hoy, con la reforma de 2023 (Ley 10.381), estas rentas se gravan sobre todo cuando las perciben entidades sin sustancia económica de grupos multinacionales. El proyecto elimina esas condiciones y usa la residencia fiscal como criterio.

El Gobierno dice que esto no convierte a Costa Rica en un país de renta mundial, y técnicamente es cierto: la territorialidad sigue siendo la regla general. Pero los asesores tributarios lo describen como una excepción amplia y estructural, y como una de las propuestas fiscales de mayor alcance presentadas hasta ahora.

Aquí es donde más se confunden los compradores. Comprar un condominio en Tamarindo no te hace residente fiscal, y una cédula de residencia por sí sola tampoco. La residencia migratoria y la residencia fiscal son dos preguntas distintas.

Según el reglamento del impuesto sobre la renta, una persona física generalmente es residente fiscal si permanece más de 183 días en Costa Rica durante el mismo período fiscal, contando los días de entrada y salida.

Como resumió The Tico Times, no es un impuesto del 15% sobre cada dólar que entra del exterior. El proyecto se enfoca en intereses, dividendos, regalías, alquileres y ganancias de capital. Tal como se presentó, no dice que pensiones, salarios o ingresos de jubilación queden gravados automáticamente. Importará cómo se clasifique cada ingreso.

La mayoría de los países usan un crédito: el impuesto que ya pagaste afuera se resta del impuesto que debés. Este proyecto usa una deducción: el impuesto extranjero se resta del ingreso antes de aplicar el 15%.

La Nación usó este ejemplo. Un residente recibe $10.000 de alquiler en el exterior y pagó $1.500 de impuesto donde está la propiedad. Costa Rica gravaría una base de $8.500. Al 15%, son $1.275 adicionales, para un total de $2.775 sobre $10.000 de alquiler. Con un crédito, casi no quedaría nada por pagar en Costa Rica.

El socio de impuestos de Grant Thornton señaló lo mismo en La Nación: con este método, la carga total supera el 15%, así que la fórmula solo atenúa la doble imposición en vez de evitarla. Dos detalles más:

Los ciudadanos y residentes permanentes de EE. UU. ya declaran su renta mundial ante el IRS vivan donde vivan. Si esto se aprueba como está, un estadounidense residente fiscal en Costa Rica con un portafolio grande podría deberles a ambos países por los mismos dividendos. Los canadienses que dejan su residencia en Canadá tienen otro esquema allá, pero el lado costarricense funcionaría igual. Por eso los números los debe correr tu contador, no tu agente inmobiliario, y por eso la redacción final sobre créditos y deducciones importa tanto.

Un análisis del economista José Luis Arce, publicado por CRHoy el 2 de octubre, estima que el impuesto recaudaría unos ₡64.800 millones al año, alrededor del 0,13% del PIB. En su escenario medio, los bancos y los dividendos de inversión directa en el exterior aportarían cerca del 70%, y la cartera de los hogares pesa poco. Es decir, el objetivo fiscal son sobre todo instituciones y grupos empresariales, no el jubilado con un condominio en alquiler allá. Eso no significa que las personas estén exentas. Significa que el proyecto responde sobre todo a un problema de recaudación mayor: el Gobierno proyecta que la carga tributaria baje de 12,8% del PIB en 2025 a 11,7% en 2031.